La Asociación Colombiana de las micros, pequeñas y medianas empresas, Acopi, seccional Atlántico, envió una carta al Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, para dar unas recomendaciones dentro del programa de transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica para prevenir  desabastecimiento de la demanda y promover la recuperación de los embalses

Entre las recomendaciones precisan “no trasladar a los usuarios a través de una resolución de la CREG las consecuencias por la falta de políticas públicas para prevenir y anticipar la vulnerabilidad ante posibles amenazas y riesgos naturales. La gestión del riesgo de desastres naturales es un derecho colectivo que incide directamente en la garantía y ejercicio de los derechos humanos, la cual es responsabilidad del estado, tal como reza en nuestra Constitución". 

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Así mismo recomendó “no vulnerar al tejido empresarial y a la ciudadanía de la región caribe, que hoy tiene condiciones distintas en el pago de consumo se energía ocasionado por lo establecido en el artículo 318 de la Ley 1955 que adoptó un régimen tarifario especial que pretendía asegurar la sostenibilidad y la prestación eficiente servicio frente situaciones históricas de las empresas prestadoras del servicio de energía, incluyendo en la fórmula tarifaria las pérdidas reconocidas y la opción tarifaria que han originado alzas desmedidas en la facturación del servicio". 

Por tanto, “no deben estar incluidos en los parámetros a considerar dentro de las medidas que se pretenden adoptar mediante este proyecto de resolución". 

Sí están de acuerdo en que se debe fomentar una cultura de consumo responsable de energía, pero “que esta se haga a través de incentivos y no de sanciones y que la misma no profundice la marcada inequidad de la región Caribe dentro del contexto nacional”.

Hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional. 

“Solicitamos que con suma urgencia que el Gobierno Nacional determine con claridad los parámetros para que los entes territoriales no adicionen cobros en las facturas  de los servicios fundamentales que terminan afectando el acceso y la prestación de estos", puntualizó.